Recientemente, el congresista José Jerí, miembro del grupo parlamentario Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N° 892/2023-CR, el cual busca establecer una Nueva Ley de Industrias, en adelante denominado “el Proyecto”. Sin embargo, esta propuesta carece de un estándar de análisis de impacto regulatorio (AIR), generando preocupaciones y críticas fundamentadas.
Para abordar estas carencias, se destacluvme wigs on sale lego star wars 75107 basket femme compensée défilé de mode robe de soirée crib and dresser set Canada piazza venezia borse značkové hodinky rolex tenis sin calcetines mujeres cheap basketball jerseys wig store guess laukku Finland cheap jerseys hängevitrine landhaus amazon tefal serpenyő 28 ziener handschuhe kindera que el congresista Jerí debió iniciar el proceso identificando un problema público, como el estancamiento de la actividad industrial en el país. A partir de esta premisa, se sugiere que se hubiera propiciado un debate mediante la formación de mesas de trabajo con representantes del sector público y privado, incluyendo empresarios, la sociedad civil y la academia. Este enfoque colaborativo permitiría validar el problema identificado, identificar otras posibles problemáticas y analizar diversas medidas para abordarlas. De esta manera, se habría sentado una base sólida para la elaboración de una propuesta de ley más integral.
La ausencia de este proceso ha llevado a un resultado negativo, ya que el proyecto presentado no dimensiona adecuadamente los problemas ni las soluciones, orientando el debate hacia una posición crítica frente al Proyecto. Aunque se reconocen algunos elementos positivos, como la creación de un Consejo de Política Industrial y una Ventanilla Única MYPE e Industria, el balance general es negativo debido a la fuerte orientación del Proyecto hacia la concesión de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. Este enfoque no se ajusta a la Norma VII del Código Tributario, que establece reglas esenciales para normas que contienen exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios.
El Proyecto carece de elementos críticos, como un análisis del costo fiscal, plazos de vigencia que exceden los tres años y la falta de un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, no se alinea con las prioridades de la política tributaria establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2024-2027.
Particularmente preocupante es la inclusión de beneficios tributarios vinculados a la adquisición de bienes nacionales y el uso de materias primas e insumos nacionales. Estas disposiciones contradicen disposiciones constitucionales y compromisos internacionales del Perú, como los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión.
Estas disposiciones podrían exponer al país a mecanismos de solución de controversias, resultando en sanciones económicas y retaliaciones comerciales por parte de socios internacionales.
En última instancia, se argumenta que una política industrial orientada exclusivamente a beneficios fiscales no promueve una competitividad genuina en el sector. Se proponen alternativas para el debate, como la institucionalización de mesas ejecutivas, el impulso de la transformación digital y la mejora regulatoria, la promoción de calificaciones laborales y la diversificación productiva.
En resumen, la falta de un análisis exhaustivo, la contradicción con normativas existentes y compromisos internacionales, así como la orientación hacia beneficios fiscales, plantean dudas fundamentales sobre la viabilidad y efectividad del Proyecto de Ley N° 892/2023-CR en su forma actual. Se subraya la necesidad de un enfoque más integral y colaborativo para diseñar políticas industriales que aborden eficazmente los desafíos del sector y fomenten el desarrollo sostenible en el país.
