En política, los primeros 100 días suelen convertirse en una especie de examen simbólico. Es el tiempo que se concede a un gobierno para ordenar sus equipos, definir prioridades y mostrar las primeras señales de hacia dónde pretende conducir el país.
Pero los 100 días no deberían ser un plazo para administrar expectativas ni una carrera por mejorar titulares.
Deberían ser, sobre todo, el momento de empezar a demostrar capacidad de gestión.
El actual Gobierno enfrenta su primer gran desafío precisamente en esa frontera entre las promesas y los resultados. Y el problema no es solamente político. Tiene una dimensión económica evidente: cada día de decisiones postergadas tiene consecuencias sobre la inversión, la confianza empresarial, la seguridad, la infraestructura y las expectativas de los ciudadanos.
El reloj ya está corriendo
La discusión sobre las facultades legislativas es una muestra de esta tensión.
El Ejecutivo presentó originalmente una solicitud amplia para legislar durante 120 días y sobre diversas materias. Después de semanas de debate, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó una fórmula mucho más acotada: facultades por 90 días exclusivamente en materia de seguridad ciudadana y frente al Fenómeno El Niño. El dictamen fue incorporado a la agenda del Pleno para el 6 de octubre.
Más allá de las posiciones que cada bancada adopte, hay una pregunta que debería estar por encima de la disputa parlamentaria:
¿Qué puede hacer el Gobierno con las herramientas que ya tiene?
Porque un Estado eficiente no puede depender exclusivamente de nuevas leyes para comenzar a funcionar.
El Congreso tiene entre sus atribuciones la función legislativa y el control político del Ejecutivo. Pero la administración cotidiana del Estado, la ejecución presupuestal, la coordinación entre ministerios, la implementación de políticas públicas y la conducción de los equipos gubernamentales corresponden al propio Ejecutivo.
Y allí empieza la verdadera evaluación.
Menos anuncios, más ejecución
El Perú conoce demasiado bien la distancia que puede existir entre anunciar una medida y ejecutarla.
Un programa puede tener nombre, presupuesto y conferencia de prensa. Pero si no llega al ciudadano, sigue siendo solamente una promesa.
Por eso, los 100 días deberían medirse con indicadores concretos.
¿Cuántos proyectos comenzaron?
¿Cuántos recursos fueron ejecutados?
¿Cuánto se avanzó en prevención frente a eventuales emergencias climáticas?
¿Qué resultados pueden mostrar las autoridades responsables de seguridad?
¿Cuántos trámites fueron simplificados?
¿Qué obstáculos fueron eliminados para las empresas y los ciudadanos?
¿Qué decisiones se tomaron que llevaban meses esperando?
Estas preguntas son menos espectaculares que una conferencia de prensa, pero mucho más importantes para evaluar un gobierno.
La economía también tiene su propio reloj
La política puede esperar una negociación. La economía, muchas veces, no.
Una empresa que posterga una inversión porque no tiene claridad sobre las reglas puede terminar esperando meses. Una obra pública retrasada encarece costos. Una emergencia no atendida oportunamente puede multiplicar los daños. Una decisión administrativa que demora meses puede convertirse en un costo para miles de empresas.
Por eso, la capacidad de ejecución del Estado es también una variable económica.
La confianza no se construye solamente con discursos favorables al sector privado ni con anuncios de inversión.
Se construye cuando el empresario comprueba que una autorización llega a tiempo, que una carretera se ejecuta, que una institución funciona, que las reglas son previsibles y que las decisiones públicas pueden ser implementadas.
Seguridad: el resultado no puede medirse en discursos
La seguridad ciudadana constituye probablemente una de las áreas donde la diferencia entre anuncio y resultado es más visible.
El Congreso tiene actualmente en discusión una eventual delegación de facultades al Ejecutivo específicamente en esta materia. La Comisión de Constitución justificó la fórmula acotada como una propuesta de consenso entre distintas bancadas, mientras que algunos legisladores han considerado insuficiente su alcance.
La discusión legislativa es legítima.
Pero incluso si el Congreso finalmente concede esas facultades, comenzará entonces la parte más difícil: ejecutarlas.
Una nueva norma no reduce por sí misma la delincuencia.
Se necesita capacidad operativa, inteligencia, coordinación institucional, recursos correctamente utilizados, prevención y evaluación permanente de resultados.
La ciudadanía no mide la política de seguridad por el número de normas aprobadas.
La mide por algo mucho más sencillo: si puede vivir con mayor tranquilidad.
El Niño tampoco espera al calendario político
Algo similar ocurre con la prevención frente al Fenómeno El Niño.
El Congreso ha incluido esta materia dentro de la eventual delegación de facultades por 90 días.
Pero una emergencia climática no espera a que terminen los debates parlamentarios.
La prevención requiere anticipación.
Limpiar cauces, reforzar infraestructura, identificar puntos críticos, acelerar contrataciones y garantizar que los recursos lleguen donde se necesitan son tareas que tienen un componente técnico y operativo.
En este campo, el éxito no se mide cuando aparece el desastre.
Se mide, precisamente, cuando el desastre ocurre y los daños han sido menores porque alguien hizo su trabajo antes.
Los 100 días también son una prueba para el Gabinete
Todo gobierno necesita ministros capaces de transformar las decisiones presidenciales en políticas públicas.
Pero un Gabinete no puede funcionar únicamente como una colección de personalidades políticas.
Necesita coordinación.
Un ministerio que avanza mientras otro demora puede terminar neutralizando el resultado del primero. Una buena política económica puede perder eficacia si otra institución genera incertidumbre. Una decisión correcta puede fracasar por una mala implementación.
Por eso, una de las tareas más importantes de cualquier gobierno durante sus primeros meses es identificar qué equipos funcionan y cuáles necesitan ser fortalecidos.
No se trata necesariamente de cambiar nombres por razones políticas.
Se trata de algo más elemental: poner a las personas adecuadas en los lugares donde se necesitan resultados.
La política no debería convertirse en una competencia de titulares
Existe además un riesgo que aparece cada vez que se aproxima una fecha simbólica.
Los gobiernos pueden sentirse tentados a acelerar anuncios para llegar a los 100 días con una lista de “logros”.
La oposición, por su parte, puede intentar convertir la misma fecha en una lista de “fracasos”.
Ambas aproximaciones pueden terminar reduciendo la discusión pública a una batalla de narrativas.
El país necesita algo distinto.
Necesita información verificable.
Cuánto se prometió.
Cuánto se ejecutó.
Cuánto costó.
Cuánto falta.
Y, sobre todo, qué resultados produjo.
La verdadera pregunta
Los 100 días no deberían funcionar como una sentencia definitiva sobre ningún gobierno.
Cien días son suficientes para identificar problemas de gestión, corregir errores, establecer prioridades y demostrar que existe una ruta de trabajo.
Pero son insuficientes para resolver problemas estructurales que llevan años acumulándose.
Por eso, la pregunta correcta no debería ser si un gobierno “ganó” o “perdió” sus primeros 100 días.
La pregunta debería ser:
¿Está demostrando que tiene la capacidad de convertir decisiones en resultados?
Esa es una evaluación mucho más exigente.
Y también mucho más útil.
Porque el Perú no necesita solamente un Gobierno que anuncie lo que quiere hacer. Necesita un Estado capaz de hacerlo.
Cuando llegue el día 101, la discusión política continuará. Habrá nuevas interpelaciones, nuevas negociaciones y probablemente nuevas controversias.
Pero para el ciudadano común, el verdadero calendario será otro.
El calendario de la seguridad.
El calendario de las obras.
El calendario de las inversiones.
El calendario de los servicios públicos.
El calendario de la prevención.
Y ese calendario no se detiene.
Los 100 días pueden terminar. El desafío de gobernar apenas comienza.