En el corazón del sur peruano, la minería ilegal se propaga como un incendio descontrolado. Zonas como Apurímac y Cusco son testigos del crecimiento exponencial de esta actividad clandestina, poniendo en jaque a la industria minera legal que es vital para la economía del país.
Recientemente, una explosión en una mina ilegal en Chumbivilcas, Cusco, cobró vidas y dejó heridos y desaparecidos. A pesar de la tragedia, la atención nacional se desvía hacia otras crisis, permitiendo que la minería ilegal se arraigue en distritos cercanos a grandes operaciones legales como Hudbay y Antapaccay.
La expansión de la minería ilegal no conoce límites, llegando incluso a amenazar proyectos mineros clave como Las Bambas y Aquira. Las invasiones de mineros ilegales a estas zonas se multiplican sin control, planteando preguntas sobre el futuro de la minería legal y la capacidad del Estado para combatir esta amenaza.
La situación se torna aún más preocupante al recordar los ataques en la provincia de Pataz, donde mineros ilegales aliados con el crimen organizado internacional han sembrado el caos, causando muertes y destrucción. Podría repetirse esta violencia en el sur del país si las autoridades no actúan con determinación.
Restablecer el Estado de derecho en el corredor vial del sur es imperativo. Es esencial diferenciar entre mineros ilegales, artesanales e informales, y tomar medidas firmes para proteger el medio ambiente y garantizar la responsabilidad fiscal.
Ante este panorama, surge la pregunta sobre la postura de los grupos antimineros y las ONG de izquierda, quienes guardan un preocupante silencio frente a la destrucción ambiental causada por la minería ilegal.
Sin embargo, más allá de debates y especulaciones, la única forma de salvaguardar el papel vital de la minería legal en la economía y la lucha contra la pobreza es restaurando el Estado de derecho en todas las regiones mineras. El tiempo apremia, y no podemos permitirnos perder más.
