La reciente propuesta de ley agraria en el Perú llega en un momento clave para el sector rural. Presentada como una herramienta para atraer inversión, generar competitividad y modernizar el agro, esta iniciativa ha generado debate por sus vacíos en inclusión, redistribución y desarrollo estructural. ¿Es esta realmente una reforma agraria transformadora o un beneficio tributario concentrado? Un análisis comparativo con los modelos de Israel, Chile y Sudáfrica.
Una ley con corazón fiscal, no agrario
El eje de la propuesta es una reducción uniforme del impuesto a la renta al 15 % por un período de diez años. Esto, sin duda, representa una simplificación tributaria que podría atraer capital formal. Sin embargo, tal como está planteada, la medida favorece principalmente a las empresas medianas y grandes que ya operan dentro del circuito agroexportador formalizado. ¿Y los pequeños productores? La inmensa mayoría, que representa el 95 % de las unidades productivas con menos de 20 hectáreas, apenas figura en los beneficios directos de esta ley.
En contraste, los modelos exitosos de Israel y Chile no centran su política agraria en rebajas fiscales, sino en subsidios directos, asistencia técnica, inversión en infraestructura rural y fomento a la innovación. Sudáfrica, con su énfasis redistributivo, orienta su política agroindustrial hacia la equidad y la transformación social, aun enfrentando dificultades en su implementación.
La inclusión del pequeño productor: la gran deuda
Una verdadera reforma agraria no puede marginar a los pequeños agricultores. Aunque el proyecto peruano menciona la asociatividad como mecanismo de integración, esta aparece condicionada y débilmente articulada. En la práctica, sin un programa sólido de asistencia técnica, financiamiento, acceso a mercados y apoyo estatal directo, estas “alianzas contractuales” tienden a beneficiar a quienes ya tienen capacidad empresarial instalada.
Los modelos comparados son contundentes: Israel y Chile desarrollan políticas públicas activas para vincular al pequeño productor con las cadenas de valor y la tecnología, incluso mediante compras públicas. En el Perú, por el contrario, los programas existentes como Agroideas o Agrorural, si bien positivos, resultan insuficientes y de acceso limitado.
Tecnología agrícola: el ausente estratégico
Mientras que países líderes promueven el riego tecnificado, la mecanización compartida y las soluciones digitales, el Perú aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo tecnológico en el agro. El proyecto de ley actual no contempla un plan integral de innovación, ni la creación de un fondo nacional robusto que impulse la modernización del campo.
Sin tecnología, no hay salto productivo posible. Sin salto productivo, los pequeños productores seguirán atrapados en un ciclo de baja rentabilidad, pobreza y migración forzada.
Equidad y sostenibilidad: dimensiones invisibilizadas
El comparativo internacional, es revelador: mientras Israel y Chile equilibran eficiencia económica con equidad social y sostenibilidad ambiental, la propuesta peruana privilegia la eficiencia fiscal, dejando de lado la redistribución. Sudáfrica, pese a sus dificultades, ofrece una perspectiva útil: el agro puede ser una herramienta de justicia social, si se combina inversión con políticas afirmativas.
En ese marco, una reforma agraria sin enfoque redistributivo corre el riesgo de ampliar las brechas entre agroexportadores formales y agricultores familiares de subsistencia.
Lo rescatable: una oportunidad para empezar
Si bien la propuesta adolece de una visión estructural, introduce algunos elementos positivos que podrían aprovecharse como punto de partida. Establecer un régimen tributario uniforme puede incentivar la formalización. El fomento a la reinversión y la asociatividad, aunque aún débiles, representan una dirección valiosa si se fortalecen con políticas complementarias.
Pero la clave está en lo que aún falta. Y lo que falta es lo más importante.
Hacia una verdadera reforma integral
- El estudio propone cinco ejes clave para una reforma agraria transformadora:
- Escalamiento productivo mediante cooperativas modernas y bancos de tierras.
- Tributación progresiva y condicionada, con beneficios para quienes inviertan en tecnología y se asocien.
- Reforma parcelaria, evitando la fragmentación hereditaria y promoviendo fusiones productivas.
- Fondo nacional de innovación agrícola, para digitalización, riego y maquinaria.
- Acceso preferente a programas estatales, condicionado a escala y asociatividad.
Este enfoque apunta no solo a atraer inversión, sino a democratizar oportunidades y construir un agro moderno, competitivo e inclusivo.
Sin equidad, no hay reforma
La nueva ley agraria peruana, tal como está diseñada, parece responder más a una lógica tributaria que a un diagnóstico profundo del agro nacional. En un país donde la mayoría del campo vive en condiciones de informalidad, fragmentación y exclusión, una política agraria moderna no puede limitarse a ofrecer incentivos a quienes ya tienen capacidad empresarial.
Una reforma agraria real necesita enfrentar el problema estructural de fondo: la extrema atomización de la tierra, la falta de acceso a tecnología, y la exclusión del pequeño productor.
- Sin escala, no hay inversión.
- Sin inversión, no hay competitividad.
- Sin competitividad, no hay desarrollo rural.
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