La decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de extender el Reinfo hasta el 2027 no es una simple prórroga administrativa. Es un punto de quiebre. Con esta medida, y sobre todo con la posibilidad de reincorporar a los 50,000 mineros retirados por incumplir la norma durante más de cuatro años, el Parlamento ha convertido un instrumento de formalización en un salvoconducto oficial para la ilegalidad.
Desde su creación, el Reinfo debía servir como puente provisional hacia la formalidad para pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, diez años después, el resultado es indiscutible: más de 87,000 inscritos y apenas el 2% formalizado. El mecanismo dejó de ser temporal y se transformó en un refugio donde la informalidad se oxigena indefinidamente.
Pero la reciente decisión va más allá de la complacencia. Es un guiño peligroso para quienes han usado el Reinfo como escudo penal. En zonas como Pataz —hoy epicentro de violencia, invasiones y economías criminales— y en el corredor minero del sur, operadores ilegales se inscriben en el registro para evitar sanciones y mantener actividades que violan concesiones, destruyen ecosistemas y alimentan redes de acopio extremadamente lucrativas.
¿Por qué insistir en reincorporar a 50,000 retirados, cuando menos del 4% había solicitado volver? La respuesta debería encontrarse en criterios técnicos o en la defensa del interés público. Lamentablemente, diversas investigaciones periodísticas señalan que varios congresistas habrían recibido apoyo político o financiamiento de grupos vinculados a la minería ilegal, lo que explica, al menos en apariencia, la docilidad legislativa frente a estas agendas. No son acusaciones judiciales, pero sí alertas que el país no puede ignorar.
El impacto de esta decisión es devastador para la minería moderna y formal, aquella que invierte en tecnología, seguridad, exploración y empleo formal. Mientras las empresas que sostienen gran parte de la economía nacional cumplen la ley, el Estado permite que quienes invaden sus concesiones encuentren protección en un registro creado —paradójicamente— para formalizar.
Además, detrás del discurso de la “minería artesanal” se oculta una estructura económica mucho más grande: pequeños operadores usados como fachada para intereses mayores que acopian oro y cobre, maximizan ganancias y evitan cualquier responsabilidad ambiental o tributaria.
El Congreso tiene la obligación de separar con claridad a quienes realmente buscan formalizarse de quienes utilizan el Reinfo como cortina de humo. Reincorporar a los 50,000 retirados no solo es un error: es una concesión directa a la ilegalidad. Es permitir que el Reinfo, en vez de ser el puente hacia la formalidad, se convierta en el instrumento perfecto para blanquear operaciones ilegales.
Si esta decisión se mantiene, el país no solo seguirá perdiendo la batalla contra la minería ilegal. También enviará un mensaje alarmante: que las leyes pueden adaptarse al interés de quienes operan al margen de ellas, y que el Estado está dispuesto a ceder terreno, incluso a costa de la institucionalidad, la seguridad y el futuro del sector minero formal.
