La situación política en Perú se complica aún más con las mociones de censura que han sido presentadas contra dos ministros clave del gobierno de Dina Boluarte. Los titulares de los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, y de Energía y Minas, Rómulo Mucho, enfrentan una creciente oposición que pone en duda la estabilidad del gabinete y la continuidad de su gestión. Estos enfrentamientos no solo subrayan las debilidades personales de los ministros, sino también la falta de cohesión dentro del propio gobierno y su conflictiva relación con el Congreso, lo que podría desembocar en una crisis de gobernabilidad difícil de gestionar. Esta incertidumbre se ve intensificada por la alarmante desaprobación de la presidenta, que afecta la legitimidad de su mandato y proyecta una imagen de vulnerabilidad que podría debilitar aún más las relaciones con los actores políticos clave.
El caso de Rómulo Mucho ha generado un fuerte rechazo por parte de la bancada de Fuerza Popular, que ha promovido una moción de censura tras reunir las 33 firmas necesarias. Se le acusa de no ser capaz de liderar la regularización minera, especialmente la implementación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El congresista Arturo Alegría ha criticado duramente al ministro, señalando que no ha mostrado la capacidad necesaria para resolver los problemas de un sector con décadas de desregulación. Aunque Mucho ha defendido su gestión, argumentando que ha impulsado propuestas para regular la minería artesanal, las críticas persisten y la moción de censura sigue vigente. Este enfrentamiento pone de manifiesto la desconexión creciente entre el gobierno y las expectativas del Congreso, en un contexto de polarización política que dificulta encontrar soluciones efectivas. La falta de un marco regulatorio claro ha permitido la perpetuación de la informalidad y el daño ambiental, lo que agrava aún más la situación.
Por otro lado, Julio Demartini enfrenta una crisis en el programa Qali Warma, que alimenta a niños en situación de vulnerabilidad. El programa ha sido blanco de denuncias de corrupción, y diversos legisladores han solicitado su destitución, acusándolo de no haber supervisado adecuadamente los recursos destinados a la alimentación escolar. Aunque Demartini ha mantenido una postura defensiva, reiterando su respeto por los procesos parlamentarios, no ha ofrecido respuestas contundentes ante las acusaciones. Su falta de acción frente a la corrupción ha incrementado la presión sobre el gobierno, generando desconfianza entre los sectores más vulnerables, que dependen de estos programas. La falta de transparencia y la ineficiencia en la gestión de recursos públicos continúan afectando gravemente a los sectores más desfavorecidos del país.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha adoptado una postura complaciente ante las críticas, reconociendo las denuncias pero minimizando su impacto, argumentando que se refieren a hechos pasados. Esta actitud, sin embargo, entra en contradicción con el creciente descontento en el Congreso y la baja aprobación popular del gobierno, que según encuestas recientes se encuentra por debajo del 4%. La postura del primer ministro de no realizar cambios en el gabinete ha sido vista como una falta de respuesta ante la creciente crisis, lo que alimenta la percepción de un gobierno incapaz de gestionar la situación. Esta inacción solo incrementa la sensación de desconexión entre los gobernantes y los gobernados, lo que podría agravar aún más la crisis política y social.
Este panorama de incertidumbre política plantea importantes preguntas: ¿Son sostenibles los actuales ministros en sus puestos? ¿Es hora de una reestructuración del gabinete, o el cambio podría generar más inestabilidad? Las decisiones que tome Dina Boluarte en los próximos días serán cruciales para determinar no solo el futuro de estos ministros, sino también el destino del gobierno y la percepción pública de su capacidad para enfrentar la crisis. En un contexto donde la confianza en las instituciones es extremadamente baja, cualquier cambio podría ser percibido con escepticismo, y el riesgo de que se vea como un intento superficial de resolver los problemas es elevado.
La presión por realizar cambios es cada vez mayor, pero los costos de una reestructuración pueden ser altos. La percepción de debilidad en el Ejecutivo podría resultar en una pérdida aún mayor de apoyo, complicando la gobernabilidad en un país caracterizado por la polarización y la desconfianza hacia las instituciones. Por otro lado, no tomar medidas contundentes podría profundizar la crisis, especialmente en áreas clave como la corrupción en los programas sociales y la crisis minera. Dina Boluarte se enfrenta a un dilema que pondrá a prueba su capacidad de liderazgo y la estabilidad política de su gobierno. Si no logra realizar un cambio significativo o no mejora su capacidad de diálogo con el Congreso, la mandataria podría verse ante una situación aún más compleja, donde la inestabilidad no solo afecta su administración, sino también el bienestar de la población. La falta de una respuesta efectiva a la crisis podría tener consecuencias irreversibles para la gobernabilidad del país, intensificando aún más la división política y social que actualmente atraviesa el Perú.
