Inhabilitado por el Congreso, Vizcarra enfrenta una sanción oficial de 10 años sin ejercer función pública, según la Resolución Legislativa 014-2024-2025-CR. La medida, publicada en El Peruano, confirma que incurrió en la infracción del artículo 134 de la Constitución. El exmandatario, sin embargo, persiste en ignorar la gravedad del fallo con su discurso de víctima política no se sostiene frente a una acumulación de sanciones legítimas.
La política peruana tiene en Martín Vizcarra un caso paradigmático de contradicción: un personaje que se erigió bajo el discurso de la lucha contra la corrupción, pero que terminó envuelto en una maraña de sanciones, escándalos y actos de manipulación que hoy lo mantienen fuera del tablero político. Lo más preocupante no es solo su caída, sino su negativa sistemática a aceptarla.
Vizcarra está legalmente impedido de postular a cualquier cargo público, una realidad jurídica que él prefiere ocultar detrás de un discurso ambiguo y deliberadamente engañoso. A través de sus redes sociales y presentaciones públicas, se presenta como víctima del sistema, evitando mencionar las inhabilitaciones que pesan sobre él y que lo marginan definitivamente de la vida política formal.
No se trata de un castigo menor ni reciente. En 2021, recibió una primera inhabilitación de 10 años por haberse vacunado en secreto contra la COVID-19 mientras aún ejercía la presidencia, un acto que traicionó la confianza de millones de peruanos en plena crisis sanitaria. Posteriormente, en 2022, fue inhabilitado por otros cinco años debido a presuntos vínculos con empresas privadas cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El patrón es claro: Vizcarra fue acumulando sanciones que no solo lo alejan del poder, sino que revelan una conducta sistemática de opacidad y aprovechamiento del cargo.
Paradójicamente, el mismo hombre que disolvió el Congreso en 2019 —apelando a la lucha anticorrupción— terminó dando muestras de una actitud autoritaria e inconsistente con el orden democrático. La llamada “justicia política” que hoy le pasa factura no es producto de una vendetta, como él quiere hacer creer, sino el resultado de sus propias decisiones y omisiones.
Pretender mantenerse en el escenario público como si nada hubiese pasado, insinuando una posible candidatura futura, no solo es un acto de irresponsabilidad política. Es una burla a la legalidad, a la memoria colectiva y a la democracia misma. Vizcarra no fue desterrado por sus ideas, sino por sus actos. El país necesita líderes que hablen con la verdad, no políticos que manipulen la esperanza de sus seguidores con falsas expectativas.
Martín Vizcarra ha quedado fuera del juego. Lo que debería hacer es asumir su responsabilidad con la madurez que exige el país, no aferrarse a un protagonismo que ya no le pertenece. El Perú merece pasar la página con claridad, no con sombras.
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Foto: facebook de Martin vizcarra