La irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo jurídico abre una disyuntiva: ¿herramienta para agilizar procesos y ampliar el acceso a la justicia, o riesgo que amenaza la ética y la seguridad del Derecho?
La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en casi todos los ámbitos de la vida contemporánea ha generado entusiasmo y preocupación a partes iguales. El Derecho, tradicionalmente asociado a la estabilidad, la reflexión y la prudencia, no es ajeno a este impacto. Surgen entonces preguntas inevitables: ¿puede la IA convertirse en un aliado para mejorar la práctica jurídica y el acceso a la justicia? ¿O representa, más bien, un riesgo que compromete la ética, la independencia y la seguridad jurídica?
La IA como gran aliada
En su faceta positiva, la IA aparece como una herramienta poderosa. La automatización de tareas rutinarias —como la revisión de contratos o el análisis de jurisprudencia— libera tiempo para que los abogados se concentren en labores estratégicas y de mayor valor añadido.
También contribuye a democratizar el acceso a la justicia. Chatbots legales y plataformas digitales permiten que personas sin recursos reciban asesoría básica o impulsen reclamos que antes quedaban en silencio por falta de orientación. En el ámbito judicial, la digitalización de expedientes y el uso de sistemas inteligentes de gestión pueden reducir la carga procesal, acortar plazos y fortalecer la transparencia institucional.
La IA como amenaza real
Sin embargo, la otra cara del fenómeno plantea desafíos de enorme envergadura. El primero es el sesgo algorítmico: si los sistemas aprenden de datos históricos cargados de desigualdades, los reproducirán y amplificarán en sus resultados. En un juicio, este problema podría afectar la imparcialidad y la igualdad ante la ley.
Asimismo, la automatización amenaza con desplazar empleos vinculados a tareas repetitivas, especialmente en el caso de asistentes legales o abogados en etapas iniciales de carrera. Otro punto crítico es la opacidad tecnológica: muchos algoritmos funcionan como “cajas negras”, lo que dificulta conocer los fundamentos de sus decisiones y genera interrogantes sobre la responsabilidad jurídica en caso de errores.
Finalmente, se plantean dilemas éticos. ¿Qué ocurre con la confidencialidad de la información sensible cuando se utilizan plataformas externas? ¿Hasta qué punto un juez debería apoyarse en un sistema de IA sin poner en riesgo su independencia y el valor del razonamiento humano?
El reto: regular sin frenar la innovación
El Derecho no puede ni debe renunciar a la IA, pero sí está llamado a regularla de manera inteligente. La experiencia internacional demuestra que es posible establecer principios claros de transparencia, responsabilidad y respeto de derechos fundamentales. A su vez, resulta indispensable que los profesionales del Derecho incorporen competencias tecnológicas y una visión crítica para aprovechar las ventajas de la IA sin quedar atrapados en sus riesgos.
Conclusión
La Inteligencia Artificial no sustituirá al Derecho ni al abogado, pero sí transformará la manera en que ambos se ejercen. Vista en conjunto, la IA es una herramienta que puede agilizar procesos y ampliar la justicia, siempre que esté acompañada de marcos normativos sólidos y de un compromiso ético firme. El verdadero desafío no está en preguntarse si la IA reemplazará al Derecho, sino en cómo los juristas sabrán integrarla sin perder de vista los valores fundamentales que sostienen la justicia.
